La entrada en vigencia de la Ley Protección de Datos Personales marcará uno de los cambios regulatorios más importantes de las últimas décadas para las empresas chilenas. Además de fortalecer los derechos de las personas sobre su información, la normativa establece un régimen sancionatorio más estricto, con multas que podrán alcanzar las 20.000 UTM, poniendo la protección de datos en el centro de la gestión empresarial.
Más allá del impacto económico que podrían representar estas sanciones, especialmente para pequeñas y medianas empresas, el nuevo marco regulatorio obligará a las organizaciones a revisar cómo recopilan, almacenan, utilizan y resguardan la información de clientes, colaboradores, proveedores y otros grupos de interés.
‘Muchas empresas todavía administran datos personales de forma dispersa, entre planillas, correos electrónicos y distintos sistemas. Con la nueva legislación, esa realidad representa un riesgo. El cumplimiento ya no dependerá únicamente de políticas internas o documentos legales, sino también de la capacidad de demostrar que la información se gestiona de manera segura, ordenada y trazable’, afirma Diego González, gerente general de Defontana.
Uno de los principales desafíos será que las organizaciones tengan claridad sobre qué datos personales administran, dónde se encuentran almacenados y quiénes tienen acceso a ellos. En muchas empresas, especialmente medianas y pequeñas, la información continúa distribuida en múltiples plataformas, dificultando su control y aumentando la exposición frente a errores o incidentes.
A ello se suma la necesidad de fortalecer la ciberseguridad. La nueva normativa exige adoptar medidas técnicas y organizacionales apropiadas para proteger los datos personales, por lo que la seguridad deja de ser una responsabilidad exclusiva del área de tecnologías de la información para convertirse en una tarea transversal que involucra a toda la organización.
‘La protección de datos ya no puede entenderse como un proyecto aislado del área legal o de TI. Hoy forma parte de la estrategia del negocio. Las empresas que cuenten con procesos claros, información centralizada y controles adecuados estarán mejor preparadas para responder a las nuevas exigencias regulatorias y reducir riesgos operacionales’, agrega González.
Otro cambio relevante será la necesidad de rediseñar procesos internos. La ley fortalece derechos como el acceso, la rectificación, la eliminación y la portabilidad de los datos personales, lo que exigirá que las organizaciones puedan localizar rápidamente la información y responder de manera oportuna a las solicitudes de sus titulares.
Este escenario también impulsará una mayor inversión en soluciones tecnológicas orientadas al gobierno y protección de datos, así como una creciente demanda por profesionales especializados en privacidad, cumplimiento normativo y ciberseguridad. La gestión de la información dejará de ser un asunto exclusivamente operativo para convertirse en un elemento estratégico dentro de las organizaciones.
En un entorno donde la información es uno de los activos más valiosos para cualquier empresa, la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719 representa una oportunidad para modernizar procesos, fortalecer la cultura organizacional y avanzar hacia una gestión más segura, eficiente y transparente de los datos personales.
